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Economía y Política


PLAN PARA REESTRUCTURAR 23 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y AHORRAR ¢16.000 MILLONES
ANUALES SE FRENÓ DESDE 2020


MIDEPLAN AVANZÓ EN INVESTIGACIONES Y EL GOBIERNO LLEGÓ A PRESENTAR LA PROPUESTA
DE REORGANIZACIÓN, PERO NUNCA LLEGÓ AL CONGRESO


Por Josué Alfaro
10 de marzo 2022, 10:30 AM

El Gobierno de la República planteó desde 2020 un plan que pretendía
reestructurar 23 órganos desconcentrados y ahorrar unos ¢16.000 millones
anuales. Sin embargo, la idea chocó contra una realidad política que le fue
desfavorable y se frenó desde 2020.

El plan se incluyó dentro de la primera propuesta de ajuste fiscal que se
planteó a la población para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI),
a finales de ese año; la cual terminó en la basura luego de diversas
manifestaciones en las calles. En aquel entonces, el gobierno indicó que la
propuesta permitiría el ahorro anual de un 0,05% del producto interno bruto
(PIB) de ese año.

La reestructuración se basaba en un estudio hecho por el Ministerio de
Planificación (Mideplán), que se realizó desde 2019. Ese documento también
recomendaba cerrar el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y trasladar sus funciones
al Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas), lo cual finalmente se concretó en
2020 a través de otra reforma legal, para un ahorro de ¢1.000 millones anuales,
según estimó el Ejecutivo.



[ Rediseño de las 322 instituciones públicas será, nuevamente, una deuda del
Gobierno ]

El resto de recomendaciones, por otra parte, se quedaron en solo en el papel
hasta ahora. Según indicó la ministra de Planificación y coordinadora del equipo
económico del gobierno, Pilar Garrido, se puso por encima la gestión política de
la recién aprobada reforma al empleo público, cuya discusión se extendió casi
tres años. La pandemia de COVID-19 redujo los tiempos para la discusión de
reformas de peso y el Gobierno consideró necesario priorizar una reforma sobre
otra.

En qué termine la reorganización ahora dependerá de la nueva administración que
asuma el Gobierno a partir de mayo próximo. También dependerá, en alguna medida,
de si el presidente Carlos Alvarado quiere someterla al Congreso en lo poco que
queda de su mandato.

EL PROYECTO

El Gobierno de la República describió sus planes de reorganización en un
documento que se publicó en 2020, en conjunto con la primera propuesta de
negociación con el FMI.

Aquel documento señalaba que: se eliminarían nueve órganos desconcentrados y sus
funciones pasarían a las de su respectivo ministerio; se eliminarían cinco
órganos desconcentrados y sus funciones; se trasladarían dos órganos
desconcentrados de su ministerio actual a otro nuevo; y se fusionarían cuatro
entes más en solo dos unidades.



Asimismo, se planteaba eliminar distorsiones legales en otras dos entidades.





Para llegar a sus conclusiones, la cartera de gobierno revisó la situación de
hasta 68 entidades: todas las adscritas a ministerios bajo la figura de la
organización pública.

En su informe, Mideplán justificaba la investigación con advertencias hechas en
el pasado por entidades internacionales, que han sido críticas de la dispersión
institucional costarricense, como la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE).



Según redactó, se trata de un lastre que “impide mejorar la gobernanza pública e
incide en la implementación efectiva de políticas públicas y servicios”.

[ Pilar Garrido sobre deuda en rediseño institucional: “Priorizamos empleo
público” ]

PLAN INTERRUMPIDO

A pesar de que el gobierno había anunciado esta reestructuración como una medida
estructural dentro de su “ruta de consolidación fiscal”, desde 2020, al final
nunca vio la luz.

La ministra Garrido aseguró que los tiempos políticos lo impidieron. Por un
lado, la pandemia de COVID-19 acortó los márgenes de maniobra políticos y los
tiempos para impulsar reformas y, en ese mismo sentido, el gobierno optó por
priorizar el impulso de la recién aprobada Ley Marco de Empleo Público, cuyo
impacto fiscal e institucional se consideró mayor.

Pese a ello, Garrido consideró que todavía no puede hablarse de un esfuerzo
perdido. “Confío en poder por lo menos presentar (el proyecto) y que ojalá pueda
ser retomado por otras autoridades, porque hay una discusión que parte de temas
esencialmente presupuestarios y del tamaño del ahorro que genera, pero realmente
la discusión de fondo debe ser otra: qué tanto se le aporta bienestar a la gente
con eficiencia y eficacia”, afirmó.

Desde el punto de vista del ministro de Hacienda, Elian Villegas, la
reorganización de los órganos desconcentrados es una necesidad que va más allá
de la inclusión de 50 de ellos en el Presupuesto Nacional que se hizo en 2021.

“Algo que nos ha demostrado esa incorporación es que existen algunos ahorros que
se podrían tener si no fueran propiamente órganos desconcentrados”, afirmó.
“También existen algunas eficiencias operativas que se podría tener si
trabajaran de forma unida a la administración y si se eliminaran algunas juntas
directivas”.

El andamiaje de las instituciones públicas costarricense incluye a 322
entidades, pero el margen de maniobra con ellas se reduce si se analiza ese
número a fondo: un 33% corresponde a los ministerios, municipios y consejos
municipales de distrito; un 11% a instituciones autónomas, semiautónomas y
empresas públicas; y otro 16% a entes públicos no estatales, principalmente
representaciones gremiales y colegios profesionales.

[ Diputados aprueban de manera definitiva la reforma al empleo público, plan
clave para el acuerdo con el FMI ]

La mayoría del 40% restante, aunque no todo él, corresponde a 84 órganos
adscritos: 67 a ministerios y 17 a instituciones autónomas.

Muchas de esas entidades representan armazones con sus propios departamentos de
auditoría, administrativos y legales, recordó el ministro Villegas. “Esto
incluso genera que algunas veces haya contradicciones entre órganos y sus
ministerios, y eso viene a minar la administración pública”, subrayó.

REFORMA DEL ESTADO

El presidente Carlos Alvarado afirmó el 6 de febrero de 2020 que los planes del
Ejecutivo para fundir instituciones estaban “muy avanzados” para aquel entonces.

En esa fecha todavía no se registraba el primer caso de COVID-19. Tampoco se
había iniciado la conversación con el FMI, para un acuerdo estructural.

“Hay mucha dispersión de instituciones y existe una posibilidad maximizar
recursos”, dijo en aquel momento, en un espacio de atención a la prensa.
“¿Cuáles? Ese es el ejercicio que estamos haciendo (...) ese es un trabajo que
ya está muy avanzado y que se presentará tanto en acciones del Poder Ejecutivo
como en el Congreso”, apuntó.

Alvarado mencionó que, entre otros flancos, se debía trabajar en la fusión de
las superintendencias del Estado; pero finalmente no se avanzó mucho más en esa
dirección.

El presidente luego dejó de lado ese tema, pero lo volvió a mencionar
recientemente, dos años después de aquel episodio. En un nuevo espacio de
atención a la prensa y a menos de tres meses de dejar su puesto en Zapote, dijo
que le gustaría dejar en discusión un plan para fusionar las instituciones del
sector vivienda antes del cierre de su mandato.


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Órganos desconcentradosInstitucionesMideplanGobiernoEstadoReforma del Estado


JOSUÉ ALFARO

Periodista de la sección de Economía y Política de El Financiero. Graduado de la
carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la
Universidad de Costa Rica.




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