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Inicio Sociedad Defender la Ley o defender a la Autoridad
 * Sociedad


DEFENDER LA LEY O DEFENDER A LA AUTORIDAD

Por
H50 Digital Policial
-
17/04/2022
0
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En otros artículos de Una Policía para el Siglo XXI hemos abordado este dilema,
ambas ideas, autoridad y ley merecen ser disociadas desde el momento que la
autoridad, a menudo tiene una agenda que puede servir intereses ajenos al Estado
y operar al margen de la Ley como nos vienen demostrando desde hacer años los
diferentes gobiernos cada vez que sus miembros acaban en el banquillo de los
acusados.

Hay otra clase de autoridades a las que el poder político decide vincularse, por
lo general son autoridades extranjeras con una agenda ajena a la del Estado y a
los que habitan en él, a quienes les resulta indiferente que las cosas les vayan
bien o mal a los españoles, que se pueden permitir dejar el camino sembrado de
cadáveres por donde pasan y desaparecer si las cosas van mal, las hemos llamado
“Fuerzas del Caos” porque hacen lo contrario a las “Fuerzas del Orden”. Las
agendas buscan control político y económico, algo que un policía no tiene por
qué defender si la Autoridad compite con la Ley a cambio de un cargo en un
Consejo de Administración de una empresa. Y el uso de la fuerza es fundamental
en este aspecto porque es una materia técnica que ha de ser desvinculada de la
política para que no esté al servicio de las agendas.



Tras investigar durante dos años y medio el “uso de la fuerza” y desarrollar un
borrador de reglamento europeo, pude llegar a algunas conclusiones:

 1.  No existen reglas de enfrentamiento que se puedan invocar ante un tribunal
     por los agentes del orden, y los principios generales del derecho son
     insuficientes.

 2.  Existe doctrina académica que se imparte en las escuelas de policía, pero
     no son disposiciones legales aprobadas por el Gobierno ni por el
     legislador. No se puede invocar a un temario.

 3.  El uso de la fuerza en manifestaciones se ha politizado, en los eventos
     deportivos que se resuelven sin incidentes (y sin injerencia política), es
     materia técnica-policial.

 4.  La incompetencia y mala gestión no redundan en responsabilidad política ni
     administrativa, las lesiones tampoco se las llevan los oficinistas de
     Interior a su casa.

 5.  Cuando la responsabilidad llega, el burócrata desaparece. “Nada depende de
     él” o “él solo cumple órdenes”. Toda la responsabilidad recae sobre el
     agente, la prensa ataca a la Policía, no a los burócratas, el perjudicado
     será el que trabaja en la calle.

 6.  En el orden público la gestión política puede pretender una escalada y que
     el caos se apodere de las calles en beneficio de los manifestantes como en
     Barcelona en Octubre y Noviembre de 2019. La responsabilidad ha de ser
     política en tales casos, no policial.

 7.  En Barcelona en Octubre y Noviembre de 2019 la Autoridad impidió a la
     Policía actuar de manera preventiva y desescalar la violencia. Con unas
     reglas de enfrentamiento establecidas por ley, esto no habría ocurrido.

 8.  La acción reactiva acabó con más heridos y más daños, los agentes tuvieron
     que elegir entre ejercer la legítima defensa en contra del criterio
     político o ser masacrados.

 9.  Los agentes del orden fueron perseguidos por la Justicia a instancias del
     poder político asumiendo el riesgo de perder su trabajo.

 10. La indefinición jurídica es una debilidad para el estado de derecho y una
     ventaja para las fuerzas del caos cuando llegan a ocupar posiciones de
     autoridad.

Además del borrador de reglamento europeo de uso de la fuerza, presentado en la
Oficina de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, en el Ministerio de
Defensa y en Interior, la investigación dio margen para un libro en que se
explica el escenario de seguridad internacional en torno al uso de la fuerza, se
comparan diferentes modelos empleando casos prácticos, se expone cómo operan las
fuerzas del caos y algunos criterios técnicos para combatirlas.



Las situaciones que se plantean sin un reglamento de uso de la fuerza son
desalentadoras para policías y militares, debido a hechos como que desde 2015,
la OTAN prevé operaciones militares en entornos urbanos hasta 2035 debido a la
creciente urbanización y a que Úrsula Von Der Leyen (Presidenta de la Comisión
Europea) ya en 2021 fue advertida por académicos sobre un futuro escenario de
guerra civil en Europa, esto ya es una realidad en Ucrania y a la industria de
la seguridad (y las armas) le beneficia, luego al lobby de la OTAN le viene bien
porque en la paz no hay negocio. Los contratos públicos y las comisiones vienen
cuando hay muertos y medios de comunicación montando puestas en escena.

No sabemos cómo van a estar las cosas dentro de poco tiempo, pues, de la misma
manera que en Barcelona nadie tenía previsto el escenario de Octubre y Noviembre
de 2019 un mes antes, los ucranianos tampoco creían un mes antes que sus
problemas serían mucho tan serios en este momento.

En 2022 aunque las amenazas son comunes a todos los estados de la Unión Europea,
sigue reinando la indefinición y las respuestas siguen siendo dispersas, de modo
que, en ausencia de un instrumento legal válido para las operaciones, frente a
los tribunales y frente a los medios de comunicación, los actores políticos
controlan el relato de la realidad a través de la desinformación. Esto
representa una amenaza para los responsables de defender la ley, y una
oportunidad para quienes operan en el caos, tanto en el Gobierno como en la
oposición, quienes no tienen en cuenta que cuando de la vuelta a la tortilla, no
tendrán una ley que proteja a “los suyos”.

¿Es compatible defender a la Ley y a la Autoridad?

Todo apunta a que depende de si la Autoridad está alineada con la Ley, porque la
Autoridad puede tener una agenda legalista o bien ajena al Derecho, como los
políticos puestos por ciertos organismos internacionales (Foro de Davos, Open
Society, etc). Los agentes del orden juran la Constitución, no le deben lealtad
a organismos ni agendas ajenas al Estado que perjudiquen a sus familias, a sus
amigos y sus vecinos.



Juan Pablo de Anca Cuesta.

Fundador de una policía para el Siglo XXI.


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