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GOBIERNO DE PETRO


COLOMBIA TEMERARIA


A COLOMBIA HAY QUE DESCENTRALIZARLA A TRAVÉS DE CREAR NUEVA ECONOMÍA DONDE HOY
NO LA HAY, QUE ES JUSTAMENTE EN SUS REGIONES, EMPOBRECIDAS POR DÉCADAS DE UN
MODELO ECONÓMICO URBANISTA Y CENTRALISTA

Mineros empujan un vagón de carbón fuera de una mina en Cucunuba, Departamento
de Cundinamarca, Colombia.Nicolo Filippo Rosso (Bloomberg)
Juan Carlos Echeverry
27 oct. 2024 - 05:00CET
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Somos testigos de un acto de irresponsabilidad legislativa de proporciones
bíblicas, que se propone, a lo largo de los próximos 10 años, quitarle casi la
mitad de los ingresos al Gobierno y pasárselos a los departamentos y municipios.

El episodio de repartir dinero que no hay entre departamentos y municipios ya lo
vivimos en los años noventa. Fue una de las principales causas de la llamada
crisis de fin de siglo. Ahora, de la mano del Congreso de la República y con la
anuencia tácita del presidente Petro y la expresa del ...


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Somos testigos de un acto de irresponsabilidad legislativa de proporciones
bíblicas, que se propone, a lo largo de los próximos 10 años, quitarle casi la
mitad de los ingresos al Gobierno y pasárselos a los departamentos y municipios.

El episodio de repartir dinero que no hay entre departamentos y municipios ya lo
vivimos en los años noventa. Fue una de las principales causas de la llamada
crisis de fin de siglo. Ahora, de la mano del Congreso de la República y con la
anuencia tácita del presidente Petro y la expresa del ministro del Interior,
Juan Fernando Cristo, estamos abocados a revivir un experimento social más, con
temerarias consecuencias.



Parece que no tuviéramos suficiente con los experimentos de salud, pensiones,
laboral, vivienda, infraestructura, gas, electricidad, petróleo y jurisdicción
indígena a los que nos ha llevado el actual Gobierno. Ahora ensayaremos la senda
de insostenibilidad fiscal a causa de duplicar las transferencias territoriales.

La serie de eventos que se desatarían ya la vivimos entre 1991 y 1999. Como los
congresistas actuales son jóvenes, no leen historia, les aburre la aritmética y
les parece poco chévere la contabilidad presupuestal, quieren adoptar la misma
filosofía inviable que inspiró a los constituyentes de 1991 a distribuir plata
que no había.

En los años noventa esa promesa de ingresos futuros consagrada en la nueva
Constitución llevó a los alcaldes y gobernadores a acudir a los bancos y obtener
créditos, en una especie de multiplicación de los panes y los peces. No sólo se
proponían a gastar los mayores ingresos que les enviaba el Gobierno Nacional,
sino que se endeudaron contra los ingresos de los siguientes mandatarios.



Esto condujo a que un sinnúmero de municipios y departamentos adoptaran
compromisos de gastos que terminaron en una crisis fiscal. De contera, se
contribuyó a la crisis bancaria a final de los años noventa.

El Gobierno Nacional de ese entonces debía transferir casi la mitad de los
ingresos a las regiones, pero se mantuvo en cabeza suya los intereses de la
deuda pública (que hoy son cerca de 4 % del PIB), el pago de hueco pensional
(hoy más de 4 % del PIB), el creciente costo del sistema de salud (que pronto
puede llegar a 7 % del PIB), el costo de las Fuerzas Armadas, las vigencias
futuras de infraestructura, el sistema de justicia, en fin, la suma de gastos
inflexibles que consumen cerca del 95 % del presupuesto nacional.

En síntesis, ahora se busca mantener a la nación sobre-cargada de gastos, pero
entregar casi la mitad del recaudo por impuestos a los departamentos y
municipios. Eso no es viable. En ese entonces hubo una crisis fiscal
generalizada, además de la crisis bancaria y de vivienda, la crisis financiera
de las familias, que vieron perder los ahorros de toda la vida ligados a la
vivienda, y las quiebras empresariales. El resultado fue la primera caída del
PIB colombiano en setenta años.



En ese entonces, ante la recesión, cayó también el recaudo tributario, y con él
los ingresos corrientes. Siguiendo la norma constitucional, se entregaron menos
recursos a los entes territoriales. Sólo en ese momento los alcaldes y
gobernadores se dieron cuenta que quebrar al “papá nación” tiene consecuencia
graves cuando se vive de sus ingresos.

Esa fue la razón por la cual en 2001 se adoptó, en conjunto con ellos, una
reforma que le aseguraba un crecimiento estable los recursos de los
departamentos y municipios, y se los desataba de los ingresos del gobierno
central. Es lo que se conoce como el Sistema General de Participaciones (SGP).

Como la Constitución de 1991 asignó tantas responsabilidades al Gobierno
Nacional para crear un “Estado del Bienestar”, o “Estado Social de Derecho” en
nuestra terminología local, desde entonces ha sido necesario hacer una reforma
tributaria tras otra para pagar por todo lo prometido.



De dónde más iban a salir los recursos para solventar los déficit asociados a la
salud universal, la educación universal, las pensiones desfinanciadas, la
ampliación de las Fuerzas Armadas, los compromisos para carreteras, aeropuertos,
acueductos, cambio climático, desastres naturales, entre otros.

Ahora bien, coincido en que a Colombia hay que descentralizarla. Pero eso no
puede pasar por antes quebrarla. Cálculos preliminares indican que, si se
aprueba esta reforma constitucional, el gasto del gobierno nacional subiría en
cerca de 4.5 % del PIB a lo largo de los próximos diez años.

Eso no saldría de endeudarnos más, pues ya los compradores de bonos están
alarmados con la situación fiscal en la que nos han embarcado los últimos
gobiernos, y tienen a la deuda pública en cerca del 60 % del PIB. Los bonos del
Gobierno están castigados y a las tasas de interés que debe pagar la nación
están en máximos históricos. Las agencias internacionales de calificación tienen
el gatillo puesto en posibles bajas a Colombia.

Hay poco margen de maniobra para embarcarnos en una senda temeraria como la que
amenaza esta reforma. No obstante, su trámite en el Congreso ya superó cinco
debates. ¿A qué juegan el ministro Juan Fernando Cristo, el presidente Gustavo
Petro y el Congreso?

Dice el ministro Cristo que esto no tendría efecto fiscal porque se pasarían
tanto ingresos como gastos. De ser eso cierto, se haría una “descentralización
de ventanilla”, en la que meramente se cambia de pagador, pero sin aportar
recursos frescos y de libre destinación a los entes territoriales. Eso no es lo
que tienen en mente los defensores de la reforma. El ministro se engaña.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y el director del DNP, Alexander López,
se habían manifestado en contra pero recularon, pues el presidente Petro
aparentemente dijo que con tal de que esto se aplicara luego del 2027, que la
reforma podía proseguir.

Pero no es el caso de sus técnicos. El viceministro de hacienda Diego Guevara
Castañea, la subdirectora del DNP, Elizabeth Cristina Correa Soto, y el director
de la Comisión Autónoma de la Regla Juan Sebastián Betancur, valientemente han
formado sendos documentos técnicos en los que dan muchos argumentos en contra de
esta reforma.

Sin ese aval técnico sería posible que se cayera en la Corte Constitucional.
Eso, por su puesto, si el próximo año la Corte sigue aun siendo el bastión de
seriedad que ha sido hasta ahora. Si su composición cambia hacia el progresismo
irresponsable, cualquier cosa puede pasar.

A Colombia hay que descentralizarla a través de crear nueva economía donde hoy
no la hay, que es justamente en sus regiones, empobrecidas por décadas de un
modelo económico urbanista y centralista. Curiosamente, Brasil, Chile, México y
Argentina han encontrado formas de crear bonanzas exportadoras agropecuarias que
han traído progreso al campo; ese tipo de milagros han sido escasos en las
regiones colombianas, en buena parte por la liberalidad que se ha dado a todos
los malos que medran en nuestros campos ahuyentando a campesinos y empresarios.

El desarrollo minero ha sido una fuente importante de recursos para las regiones
de Colombia, a través de las regalías, pero los departamentos y municipios, que
tanto necesitan dinero fresco, dejan sin ejecutar decenas de millones de pesos
que duermen en los bancos.

Si la desesperación financiera es tal, sería mejor cambiar el sistema de
regalías, y transferir directamente esos recursos a las regiones, para su gasto
corriente, en lugar de esta destrucción del Sistema General de Participaciones,
y de la sanidad fiscal y económica del país. Si esto prosigue su curso y se hace
realidad, apague y vámonos.

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