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Listas de espera


LAS IDEAS DE SANIDAD PARA REDUCIR LAS LISTAS DE ESPERA: INCENTIVOS A LAS
AUTONOMÍAS QUE CUMPLAN Y TASAS A LAS QUE NO


EL BARÓMETRO SANITARIO DEL CIS MUESTRA QUE UN 58% HA ESPERADO MÁS DE UNA SEMANA
PARA SER ATENDIDO POR SU MÉDICO DE CABECERA “PORQUE NO HABÍA CITA ANTES”

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante el acto de presentación del
Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla (segundo por la derecha); la
subsecretaria de Sanidad, Ana María Sánchez Hernández (a la izquierda), y el
director de gabinete de la ministra, José Manuel López (primero por la derecha),
el lunes en Madrid.Rodrigo Jiménez (EFE)
Pablo Linde
Madrid - 14 DIC 2023 - 13:35ACTUALIZADO: 14 dic 2023 - 18:49 CET
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Entre las muchas tareas de la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, una de
las principales esta legislatura será dar cumplimiento a la promesa que hizo
Pedro Sánchez en su investidura: una ley para rebajar unas listas de espera que
llevan años batiendo récords. Se propuso el Gobierno metas muy ambiciosas, con
máximos de espera que están muy por debajo de


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emora.html" target="_blank" data-link-track-dtm="">las demoras que sufren ahora
los ciudadanos, sin que quede nada claro cómo conseguirlo desde el BOE, teniendo
en cuenta que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas.

Se comprometió el presidente a establecer un máximo de 120 para una operación
(la media en todo el país son ahora 122, según los últimos datos, aunque uno de
cada cinco tiene que aguardar más de seis meses); para consultas externas
especializadas, el compromiso es un tope de 60 días (la media está en 95),
mientras que las pruebas deberán tardar un máximo de 30 días, algo que hoy
Sanidad no audita.

En un artículo que publicaba este periódico en noviembre, varios expertos en
gestión sanitaria debatían cómo se podría conseguir. Apuntaban algunos a crear
incentivos para las comunidades que cumpliesen con los límites establecidos y
penalizaciones para aquellas que tuvieran demoras por encima de lo que marca la
ley. Y por ahí van las ideas que maneja el Ministerio de Sanidad, a tenor de lo
publicado por el secretario de Estado, Javier Padilla, que estuvo el fin de
semana reflexionando sobre ello en la red social X.

Advierte Padilla de que no son anuncios del ministerio, sino meras ideas, y su
departamento confirma que “todavía no hay nada concreto” sobre la mesa; pero sí
pueden apuntar por dónde irá esta nueva ley que, según él mismo, “no hace magia,
sino que puede ser una herramienta que genere efectos (positivos y negativos)”.
“¿Se pueden garantizar por ley los límites temporales en las listas de espera de
la sanidad pública? Diría que se pueden poner límites que ayuden a garantizar
los tiempos de espera”, responde.

Padilla lanza dos “medidas que podrían valorarse”. La primera es crear
transferencias de dinero a las a comunidades que establezcan ciertas medidas de
gestión para reducir las listas de espera. La segunda, una especie de
penalización que él define como un “autoincentivo”, una suerte de “tasa” para
quienes incumplan los umbrales de demora establecidos, que debería revertir en
programas que reduzcan las esperas.

Antes de llegar ahí, el gran problema al que se enfrenta Sanidad es que los
datos de listas de espera son incompletos y están anticuados desde el mismo
momento en el que nacen. No se miden todos los procesos, solo las primeras citas
en algunas especialidades y las demoras para las operaciones. El ministerio los
publica dos veces al año, cuando recopila los de todas las comunidades. La
última cifra, de noviembre, se refería a las listas de espera que había en
junio. Las siguientes estadísticas, de diciembre, no se conocerán hasta la
primavera.

A esto se suman las constantes denuncias de las asociaciones de defensa de la
sanidad pública sobre cómo las listas se pueden maquillar al antojo de las
administraciones regionales, con derivaciones a la privada o esperando hasta la
cita del anestesista para empezar a contar la espera. Lo primero sería, pues,
conseguir un sistema más ágil y fiable, como existía por ejemplo en la
vacunación contra la covid: cada día se conocía cuántas personas habían recibido
una dosis, de qué medicamento, cuál era su franja de edad…

La propia ministra García hizo referencia a esto el lunes en una entrevista en
la cadena SER: “Tenemos una ley de listas de espera del año 2003 y hay que
actualizarla. Lo que puede hacer una ley es garantizar determinados tiempos de
espera para determinadas patologías y dar transparencia y tranquilidad. No es lo
mismo cuando te empiezan a contar el tiempo desde que te ve el cirujano y te
pone en lista de espera, que cuando vas a atención primaria, te manda una
prueba, al especialista, al anestesista, al cirujano. Soy consciente de que no
hay una transparencia óptima para poder poner soluciones, pero sí para poder
hacer un buen diagnóstico, porque si las comunidades de alguna manera esconden
los datos porque hay que salir bien en la foto, pero los pacientes por detrás
están esperando, no podemos hacer un buen diagnóstico, y, por tanto, no podemos
hacer un buen tratamiento”.

El último barómetro sanitario del CIS, publicado este jueves, indicaba que un
58% de los pacientes ha tenido que esperar más de una semana para ser atendido
por su médico de cabecera “porque no había cita antes”. Un 42% ha sufrido una
demora de entre uno y tres meses para ver al especialista y un 34,7% ha superado
ese lapso. Un 21,1% indica que cuenta con seguro privado y, de ellos, la mayoría
lo ha contratado por la rapidez con el que le atienden (76,5%). Son cifras muy
similares a las de anteriores ediciones de esta encuesta, que se publica tres
veces al año.

Es otra aproximación al problema, pero tampoco lo analiza en detalle ni a tiempo
real. El primer paso sería, por tanto, mejorar el sistema estadístico para
conseguir una foto fidedigna de cuánto tienen que esperar los españoles para ser
atendidos en la sanidad pública. A partir de ahí, Padilla cree que habría que
centrarse en lo que llama esperas inasumibles: “Las mayores de 60 días y las
esperas inadecuadas para la gravedad concreta de procesos urgentes/graves”.

Y aquí entran en juego los incentivos y la suerte de penalizaciones (o
autoincentivos), ya que son las comunidades autónomas las que tienen los medios
para reducirlo. De hecho, un real decreto, en vigor desde 2011, ya establece
unos tiempos máximos de 180 días para cirugías cardíacas, de cataratas, prótesis
de rodilla y cadera, que no siempre se cumplen.

Jaime Pinilla, profesor titular de Métodos cuantitativos en economía y gestión
en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, apuntaba a EL PAÍS, ha
estudiado cómo han intentado mejorar las listas de espera otros países. Y
mientras que las leyes con topes a menudo han fracasado, los incentivos sí han
dado buenos resultados, por ejemplo, en los países escandinavos.

Para la mejora de todo el sistema, Padilla también habla de crear un
“benchmarking ligado a la acción”, es decir, buscar las mejores prácticas en
cada comunidad para sacar aprendizajes en las demás. Comenta en este sentido un
sistema que puso en marcha Asturias, un observatorio de la salud (OBSA)
inspirado en un modelo de la Universidad de Wisconsin que recopila toda una
serie de datos que incluyen determinantes sociales para generar evidencia de
cómo mejorar la salud y la calidad de vida. En la web del OBSA, sin embargo, no
se actualizan datos más allá de 2019.

Esta labor es la que tiene encomendada en toda España la Agencia Estatal de
Salud Pública, un compromiso que adquirió el ministro Salvador Illa en plena
pandemia y cuya tramitación parlamentaria quedó paralizada por la convocatoria
de elecciones anticipadas.


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SOBRE LA FIRMA

Pablo Linde
Pablo Linde - twitter
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Escribe en EL PAÍS desde 2007 y está especializado en temas sanitarios y de
salud. Ha cubierto la pandemia del coronavirus, escrito dos libros y ganado
algunos premios en su área. Antes se dedicó varios años al periodismo local en
Andalucía.
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